Electrolit se ha convertido en el epicentro de una fuerte polémica nacional que trasciende el ámbito médico y empresarial. En las últimas semanas, la reconocida bebida rehidratante fabricada por Laboratorios PiSA ha sido objeto de una campaña de desprestigio impulsada desde redes sociales, aparentemente coordinada con intereses políticos y fiscales del gobierno federal. Médicos con dudosa reputación, influencers de salud y legisladores se han involucrado en una narrativa que mezcla salud pública, impuestos y control informativo. Este episodio revela no solo un conflicto entre una farmacéutica y el Estado, sino también una peligrosa tendencia: la utilización del discurso médico y sanitario como herramienta política.

Qué ha pasado: cronología y hechos relevantes
1. Origen de la polémica
- En redes sociales comenzaron a circular varios videos de “médicos influencers” y creadores de contenido criticando Electrolit, acusándolo de tener “exceso de azúcar”, de no portar sellos nutricionales y de aprovechar un registro como medicamento para evadir impuestos.
- Uno de los casos más destacados fue el del creador Octavio Arroyo, alias Mr. Doctor, quien denunció públicamente que le ofrecieron 48,000 pesos por producir contenido negativo contra la bebida.
- Tras revelar el intento de soborno, varios influencers eliminaron sus videos, alimentando la sospecha de una campaña pagada de desprestigio dirigida contra la marca y su fabricante, Laboratorios PiSA.
- Fuente: El Imparcial
2. Interés político y fiscal detrás del conflicto
- Paralelamente, legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) impulsaron una iniciativa para reclasificar los sueros orales (como Electrolit) fuera de la categoría de medicamento, etiquetándolos como bebidas azucaradas.
- De aprobarse, estos productos quedarían sujetos al IVA, IEPS y sellos de advertencia de la NOM-051.
- Se estima que la medida podría representar entre 3,500 y 5,000 millones de pesos adicionales en recaudación fiscal.
- La coincidencia temporal entre la propuesta legislativa y la ola de videos en redes sociales levantó sospechas sobre una estrategia política coordinada.
- Fuente: El País
3. Quién está detrás de Electrolit y PiSA
- Electrolit pertenece a Laboratorios PiSA, una empresa mexicana con más de 75 años en el sector farmacéutico.
- Su actual presidente es Carlos Álvarez Bermejillo, quien ha defendido que el producto cumple todas las normas sanitarias y que la clasificación como medicamento está plenamente justificada por su función terapéutica.
- PiSA ha mantenido una relación tensa con el gobierno: ha sido señalada por presuntos incumplimientos de contratos, pero también ha sido proveedora esencial para el sistema público de salud.
- Fuente: El País
Crítica al gobierno: tácticas, contradicciones y riesgos
Uso político de la regulación sanitaria
La reclasificación de sueros orales no parece ser solo una cuestión técnica o fiscal, sino una forma de ejercer presión sobre una empresa que ha sido incómoda para el gobierno. El uso discrecional de la regulación sanitaria como herramienta política amenaza la transparencia institucional y envía un mensaje preocupante a otras farmacéuticas: el castigo puede disfrazarse de política pública.
Médicos como instrumentos de propaganda
La participación de médicos con presencia digital en campañas orquestadas sin transparencia erosiona la credibilidad profesional y científica. Si los profesionales de la salud se convierten en voceros políticos o comerciales sin advertirlo, se pierde la línea entre información médica y manipulación mediática.
La contradicción del “abasto controlado”
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum asegura haber resuelto el problema del desabasto de medicamentos —con cifras oficiales que hablan de más del 96% de cobertura—, su administración continúa señalando irregularidades en empresas proveedoras como PiSA.
Esa doble narrativa (“hemos solucionado el abasto” / “las farmacéuticas incumplen”) revela una relación de dependencia y confrontación con el sector privado.
Fuente: El País
Riesgos para la libre competencia
Si productos previamente aprobados como medicamentos son reclasificados por decisión política, se genera inseguridad jurídica, se desincentiva la inversión y se afecta la innovación farmacéutica nacional. La ciencia y la industria médica no pueden depender del capricho del poder político.
Reflexión final: lo que realmente está en juego
La llamada “guerra del Electrolit” va mucho más allá de una bebida o una marca. Es un reflejo de cómo el poder puede distorsionar los mensajes sanitarios y de cómo los intereses políticos y fiscales pueden alterar la percepción pública de la salud.
- Cuando el gobierno utiliza la ciencia como narrativa política, pierde credibilidad.
- Cuando los médicos se prestan a campañas sin ética, pierde la profesión médica.
- Y cuando las empresas farmacéuticas se vuelven peones de disputas partidistas, pierde la sociedad.
En el fondo, esta no es una batalla entre PiSA y el Estado, sino una advertencia sobre cómo la salud pública en México puede convertirse en rehén del discurso y la propaganda.
El ciudadano —el paciente— vuelve a quedar en medio, con más ruido que información y con menos confianza en quienes deberían protegerla.
🔗 Referencias
- El País – La guerra del Electrolit
- El País – Claves del impuesto a los electrolitos orales
- El País – Sheinbaum sobre el abasto de medicamentos
- El Imparcial – Mr. Doctor denuncia intento de pago por campaña contra Electrolit
